Nos complace presentar en Medwave una colección de informes finales de estudios que fueron realizados a partir de 2005 en el ámbito de la Subsecretaría de Salud Púbica del Ministerio de Salud de Chile, y que hemos sistematizado en un número especial de la revista que llamamos “Todos los estudios, todos públicos”, haciendo una suerte de juego de palabras de lo que es la campaña “All Trials” en Europa.

Hasta la fecha estos estudios no han estado disponibles para público. Ahora tenemos 25 informes que ponemos a disposición de nuestros lectores bajo política de acceso abierto.

A mediados del año pasado escribimos acerca la importancia de transparentar los datos individuales de los pacientes que son presentados a las autoridades sanitarias para la autorización de comercialización de medicamentos nuevos[1]. En ese editorial destacamos la idea, aplicable a nuestra realidad latinoamericana, que no sólo ese tipo de ensayos son importantes de difundir para ayudar en la toma de decisiones en salud, sino que también se deberían hacer públicos todos los estudios en salud financiados con fondos públicos, con dinero de todos los contribuyentes.

Así lo plantea la Ley de Transparencia en Chile [2] expresado en las siguientes y muy importantes palabras:

Define como información pública a los actos y resoluciones del Estado, y la información elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones que establece esta ley, cuando afecte: el debido cumplimiento de las funciones de un órgano del Estado; los derechos de las personas; la seguridad de la nación; el interés nacional y cuando una ley de quórum calificado haya declarado reservada o secreta cierta información.

Obliga a los órganos de la Administración del Estado a mantener la en sus sitios web información permanente y actualizada, al menos una vez al mes, de antecedentes tales como: estructura orgánica, facultades, personal, información sobre el presupuesto, resultados de auditorías, etc. Esto es lo que se denomina, transparencia activa. La fiscalización la hará, los controles internos de cada institución, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República.

Además, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado. Es lo que se conoce como transparencia pasiva o derechos de acceso. Señala los requisitos para solicitar la información.

Existen pocas circunstancias menos satisfactorias para investigadores que ver sus estudios desaparecer en el limbo de la no publicación. Numerosos artículos han incursionado en el tema de la no publicación de los resultados de la literatura biomédica y los efectos que esto puede causar sobre la verdadera representatividad de la evidencia, también llamado sesgo de publicación[3],[4],[5],[6],[7].

Quienes de nosotros hemos trabajado en la realización de estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, de revisiones sistemáticas o de costo-efectividad sobre programas o prestaciones, sabemos que con demasiada frecuencia los informes finales desaparecen almacenados en archivadores de papel que viven a su vez en un laberinto de inaccesibles oficinas de funcionarios públicos. No tendrán acceso a esos estudios ni otros interesados del país, ni menos autoridades de otros países que posiblemente tengan que enfrentarse a las mismas decisiones que llevaron a solicitar en primer lugar la realización de dichos estudios.

¿Es este un problema exclusivo de un gobierno en particular en nuestro país? No. ¿Es aceptable esta situación? No. Vamos por parte.

El primer párrafo del resumen de la ley “define como información pública…la información elaborada con presupuesto público”. Los estudios que se presentan en este número especial fueron todos elaborados entre 2005 y 2012 con presupuesto público en la Subsecretaría de Salud Pública.

El segundo párrafo de la ley indica que las reparticiones públicas deben implementar medidas de transparencia activa en sus sitios web. En este caso, entonces, el Ministerio de Salud de Chile debería publicar en su sitio web todos los estudios realizados. Hay algunas áreas del ministerio que así lo hacen, pero otras no; de tal manera que la variabilidad de conducta es alta y no permite suponer que todos los estudios están disponibles.

El tercer párrafo de la ley establece que cualquier ciudadano puede solicitar la información, y ésta no le puede ser denegada. Así fue que el año pasado enviamos nuestras solicitudes por los mecanismos institucionales que contempla la ley y después de un tiempo recibimos los estudios solicitados (véase más abajo).

La no disponibilidad de los estudios en salud financiados con fondos públicos es práctica ancestral. Sin embargo, después de la promulgación de la Ley de Transparencia hubiésemos esperado que las autoridades sanitarias de Chile tomaran iniciativa, organizaran e hicieran transparente la documentación poniéndola a disposición en sus sitios web. Desde 2008 y hasta la fecha, ello no ha ocurrido, habiendo habido gobiernos de signo diverso en el poder.

Entonces, no es cuestión de voluntad más o menos, sino que de una estructural incapacidad de nuestras autoridades sanitarias de sistematizar su propia información y ponerla al servicio de sus funcionarios y del público en general. La documentación sirve para cosas tan importantes como la confección de guías de práctica clínica, o para tomar decisiones de inversiones y de compra de medicamentos.

Se debe entender que los estudios son un bien público[8] y que es un deber moral publicarlos[9]. Aquello que aplica a los investigadores, a la industria farmacéutica, a los académicos, necesariamente se debe aplicar también a las autoridades sanitarias. No existe ninguna razón sensata para no poner a disposición del público nacional e internacional la evidencia que permita tomar decisiones de salud pública informadas, materia por lo demás, que será tratada en el Coloquio Cochrane de este año en Hyderabad, India. La calidad de la evidencia se correlaciona inversamente al grado de sesgo de publicación[10] y si ya tenemos un problema suficientemente grande con la industria farmacéutica jugando a las escondidas con sus ensayos clínicos[11],[12],[13],[14],[15],[16], no empeoremos aún más el problema haciendo difícil de encontrar, si no imposible, los estudios realizados o externalizados por el gobierno a universidades o empresas del sector privado.

Con este número especial, Medwave está haciendo su propia contribución al poner a disposición aquello que pudo obtener por medio de la Ley de Transparencia. Esperamos que esta información sea útil a todos los tomadores de decisiones de la región, sean estos clínicos o no.

A continuación, presentamos el relato de cómo se logró obtener los estudios en salud financiados con fondos públicos y que no estaban disponibles.

En junio de 2013 enviamos nuestra primera solicitud de acceso a todos los estudios realizados entre 2005 y 2013 en la Subsecretaría de Salud Pública (REF1) la que fue denegada aduciendo a que el requerimiento era de carácter genérico, involucraba un elevado número de actos administrativos y, por lo tanto, distraería indebidamente a los funcionarios de su quehacer normal (REF2).

El 5 de julio de 2013 preparamos un nuevo requerimiento, pero esta vez con una lista detallada de estudios ya previamente identificados, de tal manera que no se pudiese argüir dificultad alguna en su consecución (REF3). Varios de estos estudios deberían haber sido utilizados en la preparación de las guías clínicas de varios problemas AUGE, especialmente aquellos posteriores al 2010.

Transcurrido el plazo legal de espera (20 días hábiles), con fecha 5 de agosto de 2013, se nos comunicó que el ministerio necesitaba más plazo para poder entregar la lista invocando “dificultad en la recolección de todos los estudios solicitados” (REF4). Finalmente, el 31 de julio y por medio de un correo electrónico, se nos comunicó que todo lo solicitado estaba disponible en un CD en el ministerio, ya que no se podía enviar por correo electrónico debido a su peso. Una vez revisado el CD, nos encontramos que no estaban todos los estudios solicitados, por lo que tuvimos que esperar hasta el 14 de agosto de 2013, fecha en la cual nos informaron que todos estaban disponibles en un segundo CD en el ministerio.

La lista final de estudios que publicamos se muestra en la tabla siguiente.

La forma de publicación que hemos elegido es cargar en la revista el documento original que se nos entregó mediante solicitud de transparencia, sin introducir modificación alguna. Le hemos agregado una citación para facilitar la posibilidad de referencia futura, lo que incluye su DOI (Digital Object Identifier). Adicionalmente, en una alianza con la fundación Epistemonikos, se han subido todos los registros a la base de datos Epistemonikos.org, lo cual permite que los miles de usuarios que la acceden cada día en busca de la mejor evidencia puedan encontrar estos estudios¹⁷. Lo que es aún más importante, Epistemonikos relaciona las revisiones sistemáticas con aquellas que responden una pregunta de salud similar. Los profesionales de salud o decisores podrán fácilmente evaluar si existe nueva evidencia para todas estas importantes preguntas.

Sin duda que lo que aquí presentamos es una muestra ínfima de la enorme producción que se lleva a cabo en el Ministerio de Salud de Chile. Tener acceso a estos resultados nos permite:

• Incrementar la base de evidencia de las decisiones en salud pública.
• Analizar críticamente la calidad de la evidencia utilizada para la toma de decisiones, sobre todo en lo concerniente a las guías clínicas.

Sin embargo, no nos permite evaluar la profundidad de los estudios que se llevan a cabo ya que al no tener el universo completo de investigaciones y revisiones, resulta imposible generarse una idea de cuál es el cuerpo completo de evidencia sobre la que nuestro ministerio de salud fundamenta sus decisiones de salud pública.

Así como se pide que la industria farmacéutica transparente todos los datos individuales de pacientes a investigadores independientes para que éstos puedan corroborar la seguridad y eficacia de las intervenciones nuevas o antiguas, también los gobiernos debieran ser proactivos y abiertos en mostrar los datos que tienen a la vista a la hora de decidir sobre compras o cursos de acción clínica.

Debemos tomar la iniciativa para fomentar una cultura abierta y transparente en el ámbito de los sistemas de salud y sus instancias de gobierno. No tenemos margen para misterios y decisiones mal fundadas que no se pueden analizar críticamente. Nuestros pueblos demandan de nosotros la mayor responsabilidad tanto en el uso de los recursos que son de todos, como en la rectitud de los intereses que nos guían cuando tomamos decisiones que afectan a quienes se encuentran en una situación más vulnerable, ya sea por enfermedad, por pobreza, o por ambos.