Editorial
Medwave 2019;19(9):e7707 doi: 10.5867/medwave.2019.09.7707

El estallido social de Chile y la cancelación del 26 Coloquio de la Colaboración Cochrane

The social outburst of Chile and the cancellation of the 26th Cochrane Colloquium

Vivienne C Bachelet

Esta semana en Santiago, comenzaba el 26 Coloquio de la Colaboración Cochrane, congreso anual que reúne a más de 1000 delegados de todo el mundo. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, el comité organizador se vio obligado a cancelar la realización de este evento, lo que fue informado el domingo por la mañana con las siguientes palabras:

 “Debido al empeoramiento de la agitación social en toda la ciudad de Santiago, hemos tomado la decisión de cancelar el Coloquio Cochrane de este año”.

¿Qué llevó a esta decisión? ¿Qué pasó en Chile que, de un día para otro, se desató una explosión social como no se veía en el país desde el retorno a la democracia en 1990?

El lunes de la semana pasada en Santiago, un grupo masivo de estudiantes secundarios comenzó una protesta contra del alza del billete del metro, saltándose los torniquetes de acceso. Lo hicieron el lunes, el martes, el miércoles. Ya el jueves se sumó más gente a la evasión masiva, no solo estudiantes. El viernes la ciudad estaba ralentizada por problemas de congestión vehicular, y por la noche comenzaron las protestas, barricadas, cacerolazos, bocinazos, extendiéndose por la ciudad como fuego en pasto seco. En menos de dos días, las principales ciudades de Chile se habían unido a la protesta social espontánea y autoconvocada. El domingo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó a los militares y aplicó estado de emergencia con toque de queda en muchas ciudades de Chile, incluyendo Santiago.

Por mientras, iban llegando los delegados a la conferencia de la Cochrane, sin saber a qué venían. Con el transporte público paralizado, manifestaciones multitudinarias día tras día en diferentes puntos de la capital y rápidamente extendiéndose por todo Chile, no fue posible sostener la realización del coloquio y los organizadores lo cancelaron, fundamentado en lo siguiente:

“La situación en el centro de Santiago se ha deteriorado en las últimas 24 horas y permanece volátil e incierta: hay toque de queda, el transporte público es muy limitado, y hay reportes de que el lunes comenzará una huelga nacional de dos días. La seguridad de todos los delegados del Coloquio es nuestra primera prioridad. Por esta razón, creemos que cancelar el evento de este año, es la decisión más acertada”.

Las razones de este estallido social no se encuentran en una modesta alza de la tarifa del transporte público, sino que en una molestia ciudadana que se viene incubando desde hace décadas debido en gran medida a las herencias no resueltas que nos dejó la dictadura cívico-militar de Pinochet (1973-1990). En los años ochenta, y acorde a los dictámenes del consenso de Washington, Chile aplicó políticas neoliberales extremas que implicaron la privatización de gran parte de los recursos naturales, del sistema de pensiones de todos los trabajadores (menos el de los militares), de una profunda mercantilización de la salud, educación y de los servicios básicos, incluyendo el transporte público. De la mano de esas medidas económicas, el régimen de Pinochet diseñó una constitución política que haría imposible cualquier transformación estructural de las leyes o de la misma constitución, además de instalar un sistema electoral no proporcional que daría una sobrerrepresentación en el congreso nacional a la derecha política del país por al menos 25 años (sin mencionar los senadores designados, que eran mayormente representantes de las fuerzas armadas incluyendo al mismo Pinochet, medida que solo se pudo revocar a partir de 2005).

El modelo económico, caracterizado por una marketización y privatización extrema (incluyendo el agua), junto con un sistema político amarrado por la constitución heredada, llevó a Chile a tener uno de los productos internos brutos per cápita más altos de Latinoamérica (según el Fondo Monetario Internacional) y uno de índices de desigualdad más altos de la región, por sobre Bolivia, Argentina, Perú y Uruguay (según el índice GINI del Banco Mundial). Una extrema concentración de la riqueza, más un sistema político imposible de cambiar e incapaz de responder ante las necesidades de mayor democracia e inclusión social de la población, llevó a la crisis institucional actual. Por cierto, hubo intentos de reformas, más o menos exitosas; pero ninguna que implicara una redistribución del poder y privilegio de unos pocos a las grandes mayorías, o una reformulación del contrato social basado en la fuerte explotación del mundo del trabajo en favor del capital, caracterizado por jornadas semanales de 45 horas y una mediana del sueldo de USD 550, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (2019).

Las demandas que ahora se están expresando en La Rebelión de Santiago, como algunos han llamado este estallido social, dicen relación con terminar con las pensiones privadas que no benefician a los trabajadores que se están empezando a jubilar ahora, sino que a las grandes corporaciones que se transan en la bolsa; así como demandas en salud y en todos los derechos sociales que se han visto vulnerados por demasiado tiempo. Son demandas por justicia social, por inclusión sin discriminación, y son demandas por cambios políticos y económicos. Pero, principalmente, la población demanda por terminar con el abuso del que es cotidianamente objeto y con el sistema de privilegios basados en la cuna y no el mérito.

En este trance, de un día para otro, todo se precipitó para nuestros amigos de la Cochrane. No lo vieron venir ellos; no lo vimos venir nosotros. A todos, incluido nuestro presidente, la rabia social nos explotó en la cara. Lamentablemente, la respuesta del gobierno ha sido de militarizar la solución, lo que ha conllevado violaciones a los derechos humanos y muertes evitables (incrementándose mientras escribo estas líneas). Cada día trae una nueva movilización—el miércoles 24 y el jueves 25 de octubre serán la huelga nacional. Nadie sabe en qué va a terminar este proceso. Lo que sí sabemos es que ahora somos todos parte de la búsqueda de la solución, para hacer de nuestra patria, Chile, un lugar que tenga cabida para todos en dignidad y hermandad.


Santiago, 22 de octubre de 2019

 

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