La epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) el 30 de enero de 2020. La declaración de COVID-19 como pandemia se acompañó de expresiones de alarma frente a la propagación y gravedad de la enfermedad, así como por los “niveles alarmantes de inacción” [1]. Tres años después, la decimocuarta reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró que COVID-19 sigue siendo una enfermedad infecciosa peligrosa que causa impactos negativos sobre la salud y los sistemas de salud. Indicaron que, si bien se han alcanzado altos niveles de inmunidad en la población a nivel mundial, tanto por infección como por vacunación, antes de levantar el EPSII es necesario que la OMS y los países miembros tengan mecanismos alternativos de vigilancia sobre COVID-19 y, eventualmente, acelerar la integración de COVID-19 en el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe [2]. Entre las principales recomendaciones que emanaron de dicha reunión resalta lo siguiente: “Mantener una fuerte capacidad de respuesta nacional y prepararse para eventos futuros” y “Seguir apoyando la investigación…para comprender el espectro completo, la incidencia y el efecto del síndrome post-COVID-19, y desarrollar rutas asistenciales integradas…”.

La declaración del comité nos conmina directamente, como país y región, a preguntarnos cómo vamos a llegar preparados a la próxima variante, ola epidémica o, incluso, una pandemia causada por otro virus. La velocidad con que se desplegaron las vacunas anti-SARS-CoV-2 en esta pandemia, fenómeno nunca antes visto, no fue una casualidad; por ejemplo, las plataformas mRNA venían en desarrollo desde hace más de 30 años [3], lo que posibilitó la rápida conversión del antígeno vacunal en base a la casi inmediata secuenciación genómica que se hizo en los primeros días de 2020. Ninguno de estos hitos hubiese sido posible sin un trabajo previo de larga data y de inversión en investigación y desarrollo.

Tener capacidades científicas habilitadas con anticipación para enfrentar esta y otras pandemias es un componente fundamental del apresto pandémico desde la salud pública nacional. El mejor diseño para responder preguntas que surgen de amenazas por patógenos emergentes son los estudios longitudinales prospectivos, que pueden ser convertidos a ensayos clínicos aleatorizados de ser necesario. Los estudios de cohorte prospectiva obedecen a esta lógica y, además, generan biorepositorios que hacen posible la realización de estudios sobre inmunidad y variantes que de otro modo no podrían hacerse.

En Chile se levantó en tiempo récord en 2020 una convocatoria para investigación sobre el coronavirus. Esto es loable. Sin embargo, deberíamos tener plataformas de investigación ya montadas que sean capaces de ser movilizadas para entregar rápidamente evidencia frente a nuevas amenazas que sabemos van a llegar. Un ejemplo es la cohorte que estudia la disfunción cognitiva financiada por los NIH en EEUU, que en cuestión de días fue reconvertida a entregar respuestas sobre COVID-19 [4,5]. Otro ejemplo de respuesta rápida es la inmediata instalación de la cohorte NAPKON en Alemania [6], cuyo objetivo principal es crear una red de investigación longitudinal harmonizada, expandible e interoperable que dé soporte científico a la búsqueda de respuestas relacionadas con la pandemia actual así como de futuras pandemias de cualquier origen.

Las capacidades institucionales de investigación se deben generar desde antes que ocurran las amenazas, mantenerse activas durante la amenaza, y permanecer en el tiempo. Estas plataformas podrían ser nacionales o basadas en colaboraciones a nivel de la región o intercontinentales. Solo así se podrán evaluar oportunamente los impactos ocurridos en la salud de la población y generar evidencia local y regional que ayude a informar las decisiones de corto mediano y largo plazo que se deben tomar en escenarios de fuerte incertidumbre, como son las pandemias.