La confianza pública en la integridad científica se está viendo erosionada por la politización de las instituciones bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Las implicancias se extienden mucho más allá de las fronteras estadounidenses, afectando el corazón de la producción, difusión y confianza en el conocimiento científico en todo el mundo.

Directivas recientes buscan eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), recortar la financiación federal a importantes agencias de investigación sanitaria y restringir las referencias a género, raza y ciencia climática en la documentación oficial. El personal científico de las agencias federales está siendo crecientemente presionado a obedecer políticas comunicacionales políticamente motivadas. Esta interferencia institucional no sólo distorsiona los hallazgos científicos, sino que socava los principios de transparencia e independencia editorial descritos en las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE, por sus siglas en inglés, International Committee of Medical Journal Editors) [1]. Como miembros del ICMJE, nos sentimos obligados a alzar la voz.

El ICMJE subraya que «los editores deben preservar la integridad del registro científico mediante la evaluación crítica de los manuscritos, libres de influencias indebidas y sin comprometer los valores académicos» [1]. Sin embargo, bajo la administración estadounidense actual, varias agencias científicas federales están siendo conminadas a obtener autorización antes de enviar publicaciones a fuentes externas, lo que constituye una contravención directa de estas normas editoriales [2]. Este clima de control sofoca la investigación abierta y desalienta el discurso basado en la evidencia, sobre todo cuando las conclusiones científicas divergen de las narrativas políticas. Históricamente, la investigación en salud en Estados Unidos ha prosperado gracias al apoyo bipartidista y a una sólida independencia institucional. La inversión federal después de la Segunda Guerra Mundial, guiada por marcos como Science: La frontera interminable [2] de Vannevar Bush y llevada a la práctica a través de agencias como los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por su sigla en inglés, National Health Institutes) y la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por su sigla en inglés, National Science Foundation), dio lugar a décadas de innovación biomédica que resultaron en importantes avances sanitarios. Hoy en día, ese legado se encuentra amenazado por la mano del mismo gobierno que debe protegerlo. Los cortes presupuestarios a los NIH y a la Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), junto con nombramientos de cargos de confianza que priorizan la lealtad ideológica sobre la experiencia, están minando tanto la moral como la capacidad de las agencias científicas federales.

Las órdenes ejecutivas de la administración para eliminar el trabajo relacionado con la DEI en los estudios científicos a nivel federal no sólo violan el llamado del ICMJE para promover la diversidad en la autoría, la revisión por pares y el diseño de la investigación [1], sino que ponen en peligro la salud pública. La investigación inclusiva no es ideológica; es esencial. Las poblaciones históricamente marginadas en la ciencia -incluidas las mujeres, las personas de color y las personas LGBTQ+- volverán a quedar relegadas a la periferia. Este retroceso tiene consecuencias tangibles para la validez científica y la relevancia social de la investigación sanitaria. El retroceso de las iniciativas de DEI corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes en materia de salud al ignorar los matices con que la raza, la etnia, el género y la condición socioeconómica se entrecruzan con los desenlaces de salud.

Más aun, la administración se ha opuesto activamente a la investigación sobre medio ambiente y clima. Esta oposición no sólo obstaculiza el consenso científico mundial sobre el cambio climático, sino que contraviene la insistencia del ICMJE para que investigadores y editores hagan lo posible para avanzar la ciencia al servicio del bien público [1]. La negación de la ciencia climática al interior de las instituciones federales interrumpe las colaboraciones internacionales, perjudica el apresto público frente a desastres relacionados con el clima y daña desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables que ya están en riesgo de sufrir los efectos del clima sobre la salud.

A nivel internacional, las consecuencias no son menos evidentes. Los regímenes autoritarios de otros países consideran que Estados Unidos sienta un precedente y encuentran en la agenda de Trump una justificación para reprimir la disidencia, censurar el diálogo científico y deslegitimar la investigación independiente. El debilitamiento de las normas científicas en los Estados Unidos repercute más allá de sus fronteras, amenazando la cooperación científica mundial y debilitando los esfuerzos internacionales para hacer frente a retos sanitarios acuciantes como las pandemias, el cambio climático y la equidad sanitaria.

Esta tendencia no ocurre únicamente en Estados Unidos. También es causa de preocupación en otros países democráticos, donde se han observado presiones similares sobre el discurso científico y la independencia editorial. Nos preocupa profundamente esta peligrosa erosión de la autonomía científica porque nos recuerda algunos de los episodios más oscuros de la historia moderna, a saber, el auge del fascismo en los años treinta y los ataques a la libertad académica en la era McCarthy en los años cincuenta. La comunidad académica internacional debe tratar el caso de EE.UU. no como un incidente aislado, sino como algo aleccionador, que nos impulse a un reexamen exhaustivo de las salvaguardias de independencia editorial dentro de nuestros propios sistemas. La supresión de la ciencia es una amenaza global que exige una vigilancia global. Estados Unidos ha ejercido tradicionalmente un liderazgo científico a través de su apoyo a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, pero su decisión de dejar de financiar estas instituciones amenaza ahora con deslegitimar y debilitar estos esfuerzos multilaterales.

La comunicación científica independiente también está amenazada. La fuerte presión ejercida sobre los científicos del gobierno para que eviten temas controvertidos o reformulen los resultados para adaptarlos a ciertas narrativas políticas crea un efecto de enfriamiento institucional. La autocensura nacida del miedo puede ser más perjudicial que la censura abierta. Los investigadores, sobre todo los que inician su carrera y los que proceden de entornos subrrepresentados, podrían terminar abandonando completamente la comunicación científica con el público o las áreas de investigación hoy cuestionadas. Esta tendencia restringe aún más el alcance de la innovación científica, reduce la variedad de perspectivas reflejadas en los programas de investigación y, en última instancia, perjudica la salud.

El ICMJE ha repetidamente advertido contra las prácticas editoriales influidas por presiones políticas o comerciales, señalando que «los gobiernos no deben interferir en las decisiones editoriales ni restringir la libertad de los investigadores para comunicar sus hallazgos» [1]. Estos principios son fundamentales no sólo para la publicación científica, sino también para los ideales democráticos más amplios que sustentan las sociedades abiertas. Las amenazas a las revistas médicas, incluidas tres que son miembros del ICMJE, son de particular relevancia para nosotros. Los directores y editores tienen el deber de resistir los esfuerzos gubernamentales para controlar el discurso científico y deben proteger activamente la autonomía de los investigadores y la independencia de sus procesos de toma de decisiones.

Para salvaguardar el futuro de la ciencia médica, pedimos tres acciones. En primer lugar, las instituciones científicas nacionales e internacionales deben adoptar políticas claras para proteger la investigación de las injerencias políticas. Estas protecciones deberían incluir normas codificadas sobre la independencia de las publicaciones, la protección de la expresión de los científicos y normas sobre la transparencia de los datos. En segundo lugar, las revistas médicas deben renovar su compromiso con la independencia editorial y defender a los autores que se enfrentan a la censura institucional. Las revistas deben publicar trabajos que desafíen las narrativas políticas imperantes y amplifiquen las voces amenazadas. En tercer lugar, los científicos, las organizaciones científicas y los editores deben resistirse al silencio. Como ha subrayado el ICMJE, la comunidad científica tiene la responsabilidad colectiva de mantener la integridad y proteger las voces vulnerables [1]. Somos conscientes de que es más fácil alzar la voz desde fuera de un sistema amenazado que desde dentro, y por ello alzamos la voz e instamos a otros a que lo hagan también.

Este es un llamado a fortalecer la ciencia basada en principios éticos y dedicada al servicio de la humanidad. La investigación científica, especialmente en medicina y salud pública, está intrínsecamente entrelazada con la justicia social. Silenciar las iniciativas de DEI, censurar la ciencia climática y deslegitimar a los investigadores de minorías no es neutralidad, sino complicidad en la perpetuación del daño.

La resistencia no es algo nuevo. Administraciones anteriores que intentaron controlar o desfinanciar instituciones científicas, se encontraron con una disidencia organizada. Los denunciantes de irregularidades (whistleblowers), los editores de revistas y las organizaciones de defensa de la libertad científica han actuado durante mucho tiempo como guardianes de la libertad científica. Hoy, esa tradición debe continuar con renovado vigor. Los consejos editoriales deben defender su independencia. Las universidades y los organismos científicos deben defender a los académicos que se enfrentan a represalias. Los mandatarios y representantes políticos deben integrar la protección de la libertad científica en el marco legislativo.

Las acciones de la administración Trump no son simples maniobras de política interna; son parte de un asalto global a la evidencia, la inclusión y la verdad. Lo que está en juego es más importante que nunca. La historia nos ha mostrado las consecuencias que provienen de la censura y la ortodoxia ideológica. No podemos permitirnos desaprender aquella lección que la historia ya se encargó de enseñarnos hace no tanto tiempo.