Resumen

Introducción El 31 de enero de 2015 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, a través del mensaje presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria. Este proyecto estuvo marcado por un extenso debate que culminó en una comisión mixta para la resolución de las discrepancias. Finalmente, la Ley entro en régimen el año 2017.

Objetivos Determinar el efecto de la judicialización en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales en Chile.

Método Se utilizó el ciclo de políticas públicas para sistematizar las etapas de agenda, diseño, implementación y evaluación que conformaron el proceso político de la Ley N°21.030. El análisis de la información se realizó mediante la técnica de análisis documental, en donde se reunieron documentos de distinta índole. Posteriormente, para cada etapa del ciclo de políticas públicas, se utilizó la técnica de análisis temático. Con motivo de la metodología, basada en fuentes secundarias, no fue necesaria una resolución por parte de los comités ético-científicos.

Resultados principales Los procesos de judicialización, identificados durante la implementación de la ley, estuvieron a cargo de la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. Los efectos de los dictámenes de dichos procesos se relacionaron a la objeción de conciencia de carácter institucional. Otro hallazgo relevante se relacionó a que, en la etapa de evaluación del ciclo de políticas públicas, se identificó como la pandemia por COVID-19 acrecentó las falencias detectadas durante los primeros años de implementación. Asimismo, adicionalmente a las dificultades identificadas, se instauraron nuevas barreras producto de las directrices relacionadas con el contexto sanitario que dificultaron el acceso a las tres causales y, por lo tanto, provocaron una disminución en el número de causales reportadas y con acceso a los servicios de salud en relación con el año anterior al inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Conclusiones Los procesos de judicialización estuvieron presentes en el diseño e implementación de la ley. Las resoluciones de estos procesos tuvieron como efecto la instauración de barreras para acceder a las prestaciones garantizadas, las que se profundizaron con la emergencia sanitaria que implicó la pandemia por COVID-19.